El magistrado rosarino fue imputado en tres causas que lo vinculan con maniobras irregulares en favor de un financista amigo, demoras en una investigación contra un capo narco y acciones cuestionables en una causa por lavado de dinero.
El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, enfrenta una grave situación judicial tras ser imputado en tres causas por presunta corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. La imputación fue formalizada por los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal de Rosario) durante una extensa audiencia en los tribunales federales de la ciudad. Los fiscales solicitaron la detención del magistrado, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Una de las causas más comprometedoras para Bailaque está relacionada con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. El juez compartía su contador personal, Gabriel Mizzau, con Alvarado, lo que plantea un conflicto de intereses significativo. Además, durante la instrucción de una causa contra el narco, Bailaque habría demorado medidas clave, como intervenciones telefónicas, que podrían haber avanzado la investigación. Los fiscales también señalaron que el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque, lo que refuerza las sospechas de vínculos indebidos.
Otra imputación se refiere al manejo de fondos de la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. Bailaque autorizó la transferencia de mil millones de pesos a una mutual no regulada por el Banco Central, dirigida por su amigo Fernando Whpei. Esta decisión fue cuestionada por estibadores, quienes presentaron una recusación contra el juez, alegando un posible favoritismo hacia Whpei. La Cámara de Apelaciones ordenó posteriormente que los fondos fueran depositados en un banco regulado.
La tercera causa involucra una denuncia anónima por lavado de activos contra el empresario Claudio Iglesias. Bailaque ordenó allanamientos y medidas sin dar intervención a la fiscalía, y posteriormente dictó la falta de mérito para Iglesias. Sin embargo, las acciones del juez habrían perjudicado al empresario, quien perdió la oportunidad de asumir como presidente de una aseguradora. Esta causa también salpica a funcionarios de la ex AFIP y Aduana, ahora ARCA, por presuntas maniobras irregulares en la investigación.
El Consejo de la Magistratura analiza una posible suspensión preventiva de Bailaque, mientras continúan las investigaciones en su contra. La situación del juez federal rosarino es inédita y representa un escándalo de gran magnitud en la justicia argentina.
La legisladora provincial del Partido Socialista Lionella Cattalini presentó el jueves 8 de agosto de 2024 en la Justicia Federal de Rosario una denuncia formal contra el juez federal Bailaque, en la que solicitaba una exhaustiva investigación sobre posibles delitos. Tiempo después brindó su testimonio ante el Consejo de la Magistratura.
