El último miércoles finalizó la medida que prohibía los desalojos y el aumento del precio de los alquileres. Organizaciones de defensa de inquilinos reclaman nuevos acuerdos.
El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluyó esta semana, por lo cual el gobierno nacional puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.
A su vez, diferentes organizaciones de inquilinos de todo el país reclamaron por la extensión de la medida y por la creación de nuevos acuerdos para pagar las deudas en cuotas.
Tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las asistencias económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
Antes, el gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Por otra parte, esta semana se creó el «protocolo de riesgo temprano de desalojo» con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
