Además se les prohibió acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se los investiga por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares.
El juez Héctor Gabriel Candioti dictó este lunes un embargo por 100 mil dólares contra Marcelo Sain, el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y al exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, en el marco de la investigación que dirige la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Publico de la Acusación por intentar defraudar al Estado santafesino y beneficiar a una empresa, en el marco de una licitación pública para la compra de armas para la policía de Santa Fe.
De acuerdo a la resolución, los imputados tienen prohibido, además,contactarse con testigos o denunciantes dentro de la investigación. Tampoco pueden ir a dependencias de las fuerzas provinciales o a la cartera de Seguridad y a oficinas de reparticiones pertenencientes a Economía y tienen la obligación de informar la ausencia de sus domicilios.
En la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos suficientes para acreditar de que –al menos desde mayo de 2020– los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe. Según se precisó la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
En ese sentido, se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Además, se indicó que los exfuncionarios imputados plantearon la necesidad de adquirir 12.272 armas, cantidad que fue considerada excesiva y desproporcionada. La elección de una sola marca hubiera demandado 17.103.543,60 dólares; mientras que el costo de la compra por separado a otros oferentes hubiese sido menor.
La Fiscalía aclaró que, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía, la Cámara Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitación fue dejada sin efecto. Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
