El ex ministro de Seguridad de Santa Fe presentó la documentación para volver a ocupar el cargo que tenía en 2019 en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esta semana en Diputados se evaluará el pedido de juicio político en su contra.
El primer día hábil tras su salida del cargo de ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín hizo una petición formal para regresar al Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, lugar por el que había concursado y fue designado en 2018.
La decisión recae sobre el fiscal general, Jorge Baclini, quien se pronunciará al respecto en los próximos días. El titular del MPA fue quien firmó oportunamente la licencia sin goce de haberes que había solicitado Sain para ocupar el cargo de ministerio de Seguridad.
El OI integra el Ministerio Público de la Acusación como órgano técnico de apoyo a la gestión y depende orgánica y funcionalmente del Fiscal General. El director provincial del OI es designado por el fiscal general previo concurso público de oposición y antecedentes; debe ser civil y tiene un mandato de seis años. En el cargo goza de inamovilidad y puede aspirar a un segundo mandato, según la ley orgánica. Sain juró en ese cargo en diciembre de 2018.
A su vez, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves a los fines de analizar el expediente derivado el último jueves a raíz de una presentación para que se tramite ese instituto a Sain (ministro de Seguridad) por «mal desempeño de sus funciones». La nota fue presentada por la diputada nacional Lucila Lehmann y Sebastián Julierac, ambos dirigentes de la Coalición Cívica.
Además, los diputados que integran la comisión remitirán una nota al OI “para que tome conocimiento de que existe una ley sancionada por mayoría, y que posiblemente se ratifique en breve, que imposibilita el retorno del ex funcionario al organismo en las actuales condiciones”. Hacen referencia a dos normas sancionadas meses atrás por la legislatura que fueron vetadas, pero que podrían ser refrendadas dentro de poco tiempo cuando comience el período de sesiones ordinarias.
Para los legisladores que propician la iniciativa, ningún funcionario que cumpla actividad en otros poderes del Estado puede luego estar en el Poder Judicial para investigar, eventualmente, conductas del gobierno que integraron.
